miércoles, 18 de enero de 2012

La Ley Sopa






El mundo parecía no estar preparado. Hace 20 años, para encontrar un disco o un casete de alguna banda, había que acudir a las tiendas de discos. No había otra forma. Los templos musicales estaban allí, en las calles de las ciudades, esperando a los melómanos. Los lectores iban, como es común, a las librerías. Había que esperar que los filmes llegaran a las salas nacionales.
De repente, el asunto se volvió más sencillo. Si bien las copias siguieron rodando de mano en mano, internet puso a disposición de los usuarios —sin pagar un peso, sin moverse de su casa— gigas de información, videos y música. No era más que levantar un dedo, hacer clic levemente y ya está. La copia física, que antes era un bien preciado, se convirtió en un objeto de nostalgia.
Entonces las empresas despertaron. Gracias a las redes peer-to-peer, creadas para compartir contenidos, los usuarios pudieron acceder a millones de archivos. El problema se asomó, por ejemplo, cuando en el año 2000 Metallica demandó a Napster por distribuir sus canciones de modo gratuito sin su consentimiento. Hubo un acuerdo y Napster se comprometió a bloquear a los usuarios que compartían música ilegalmente.
Poco a poco el enfrentamiento se desplazó al campo de las leyes. El tema no sólo concierne a Estados Unidos, sino que muchos países han desarrollado proyectos legislativos que buscan defender los derechos de autor. La Ley Sinde, en España; la Ley de Propiedad Intelectual, en Chile, y la Ley Hadopi, en Francia, son tres ejemplos de la lucha que ahora enfrenta a las grandes multinacionales del entretenimiento y los defensores del libre contenido en internet en Estados Unidos.
La ley de la discordia
Dos proyectos legislativos son debatidos hoy en el Congreso estadounidense: la ley Sopa (Stop Piracy Online Act) y el proyecto Pipa (Protect IP Act). Esta semana, el Congreso decidió “congelar” la primera iniciativa hasta que exista un consenso entre republicanos y demócratas y hasta que el contenido de las dos propuestas esté en equilibrio. Días atrás circuló el rumor de que varias empresas de internet —entre ellas Google, Yahoo! y Facebook— harían un “apagón” y cesarían sus actividades el próximo 23 de enero.
Sin embargo, Wikipedia, los portales Reddit y Boing Boing y otras páginas web se les adelantaron. Desde el martes en la mañana, en su página en inglés, las directivas de Wikimedia, en cabeza de Jimmy Wales, anunciaron que la enciclopedia más grande de la red dejaría de prestar sus servicios hoy y en cambio dedicaría su espacio a que los lectores se enteren de qué trata la ley Sopa.
En Estados Unidos ya existe un cuerpo legal, el Digital Millenium Copyright Act, que obliga a retirar el material pirata de los servidores en ese país. Pero esta ley va más allá. Con el apoyo de 142 empresas (ver infografía), la ley Sopa, en suspenso en la Cámara de Representantes de ese país, busca que las empresas de internet bloqueen a los servidores que tengan material de manera ilegal, sin importar en qué país se encuentre alojado dicho servidor.
Carolina Botero, colíder de Creative Commons en Colombia, explica que el proyecto también tiene como objetivo bloquear los nombres de dominio —el nombre propio de la página— simplemente con la sospecha de que posee material que viola los derechos de autor.
Ese es el principal problema, dice Botero. Como sucedió con la llamada ley Lleras en Colombia —hundida en el Congreso—, la ley Sopa permitiría, a través de mecanismos judiciales, bloquear el acceso a páginas web desde los buscadores o incluso borrar toda publicidad acerca de ellas. La ley prevé penas de hasta cinco años. Sin embargo, los opositores alegan que dichas acciones irían en contra de la Primera Enmienda de la constitución de EE. UU. y que la frontera entre la censura y la libertad de expresión parece muy delgada.
Por eso los grandes conglomerados digitales buscan presionar para que existan otros mecanismos que combatan la piratería en internet. ¿Cuál sería el impacto de un “apagón” la próxima semana? “En Estados Unidos sería grandísimo si se unen varios servicios. ¿Cuántos negocios dependen, por ejemplo, de Google Maps?”.
Las estrategias para que los usuarios paguen por los contenidos no han tenido éxito. Rupert Murdoch, dueño de varios medios de comunicación en Inglaterra y Estados Unidos, ha tratado de hacerlo en varias ocasiones. A pesar de ello, los contenidos siguen circulando sin que los usuarios tengan que pagar por ellos. Entonces, ¿cuál es la estrategia más adecuada? ¿Quién tiene más derechos: quien crea los contenidos o quien los necesita?
Un modelo viejo
Leonardo Rodríguez, editor web de este diario, asegura que la internet produjo un cambio inesperado en la “cultura de los negocios”, incluso en los medios de comunicación. De modo que, dice, las industrias tienen que “adaptarse y mirar cómo entran en esa dinámica”. No es cobrar como se cobra de forma tradicional, sino crear nuevos modelos para generar interés en los usuarios.
Botero coincide con Rodríguez y agrega que es imposible “solucionar un problema del siglo XXI con métodos del siglo XX”. Matías Jaramillo, director creativo de Sancho BBDO, dice que “seguimos llevando las cosas a los extremos: o un contenido es copyright o es de libre distribución, pero no estamos explorando los grises. Existen herramientas como Creative Commons, que también buscan proteger al creador pero ajustándose a las nuevas leyes de internet, no a viejas legislaciones, que es lo que pretende la ley Sopa. Este es un reto de ‘innovación legal’”.
Para Alejandro Jiménez, representante legal de Sony Music en Colombia, las legislaciones no han sido eficaces porque “no se ha podido encontrar un equilibrio que cubra las múltiples jurisdicciones a las que se está expuesto en la red”. Pese a que las soluciones legislativas no son el único camino, asegura Jiménez, “estas normas permiten tener un sistema coherente de propiedad intelectual en internet, como ocurre en el mundo tangible”.
Ya se pueden ver algunas pinceladas de ese nuevo modelo. Canales de televisión pública noruega cuelgan sus contenidos en canales peer-to-peer, mientras el editor Timothy O’Reilly apoya el software abierto a través de su editorial.
Las leyes estaban escritas para el mundo palpable, pero no para el universo virtual, insinúa Botero. “¿Cómo pagar? ¿Quién debe pagar? ¿Cómo distribuir? —se pregunta—. Ese es el problema ahora. Nadie lo tiene escrito. Es un asunto que tiene que resolver nuestra generación”.

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